PETITORIO A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA A LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

Córdoba, septiembre de 2016

El Colectivo de Educación Inicial y los abajo firmantes, docentes de la Provincia de Córdoba, nos dirigimos a las autoridades del Ministerio de Educación a los fines de presentar un petitorio en el que, los/ las abajo firmantes, solicitamos la SUSPENSIÓN de la CARGA VIRTUAL de los Informes de Progreso Escolar, que nos fuera encomendada  por las autoridades educativas  (mediante email a las Instituciones y sin otro instrumento formal emitido).
Las razones que motivan nuestro pedido se argumentan desde los siguientes fundamentos.

Desde el punto de vista pedagógico es necesario recordar que nuestro Diseño Curricular para la Educación Inicial expresa claramente que “…Los Informes de progreso escolar son instrumentos que además de comunicar, forman parte de procesos de evaluación más amplios e integrales, es por ello que, si se atomizan los aspectos a evaluar, se intenta medir en términos conductuales los conocimientos adquiridos y se fragmenta en indicadores contradictorios los saberes, la comunicación será difusa, compleja y los procesos de evaluación acotados.”[1]

            A su vez el Diseño Curricular sostiene que “….La evaluación debe permitir expresar cualitativamente el desarrollo de los recorridos didácticos y los procesos de aprendizajes realizados; por lo tanto si los formatos evaluativos son fragmentados en áreas de conocimiento con ítems estructurados previamente, que indican parcialidades arbitrarias y cerradas, será muy difícil darse cuenta y dar cuenta de los procesos de apropiación del conocimiento que los alumnos y alumnas realizan a lo largo de las Unidades didácticas, Proyectos y/o Secuencias didácticas desarrolladas. La evaluación en el nivel inicial implica un proceso a través del cual “además de considerar los aspectos personales y sociales del desarrollo de los niños y niñas, valora (…) los aprendizajes específicos en los distintos campos del conocimiento, del juego y de la expresividad, no para medirlos, cuantificarlos sino para tener en cuenta los aspectos fundamentales de todo proceso evaluativo: la interpretación y la intervención.[2]

            Por otra parte en el documento “Apuntes para pensar la enseñanza y la evaluación en el Nivel Inicial del Instituto de Capacitación e Investigación”[3], se expresa la importancia de lograr la evaluación como un instrumento que comunica, para lo cual es necesario: “Privilegiar la narrativa en la comunicación…Preservar una mirada integral sobre los procesos de aprendizajes de los alumnos/as… Que promuevan un modo de trabajo orientado al fortalecimiento de los vínculos con las familias”

            Sin embargo, las/los docentes de Nivel Inicial, nos hemos encontrado con la presión de cumplir con la exigencia de cargar de forma virtual los IPEs de cada alumnos-a, exponiendo en el espacio virtual las trayectorias personales de cada niño-a. Esta exigencia se realizó sin una explicación previa acerca del uso que se le dará a esa publicación virtual, ni de las garantías de resguardo de la información allí brindada, poniéndonos en una situación confusa y compleja frente a las familias y la sociedad, puesto que las condiciones antes mencionadas obligan a comunicar una evaluación recortada, descontextualizada, susceptible de ser mal interpretada y por lo tanto de exponer a los/as niños/as a estigmatizaciones.

            Cumplir con esta exigencia, desvirtúa pedagógicamente la evaluación y pone al trabajo docente como dice Foucault “…al servicio del poder que sobrevuela la existencia de los individuos (aquel poder, que todo lo ve y que todo lo sabe, sin ser visto) quedando a la vez él mismo, sujetado al aparato de producción como “instrumento de control”. Un poder que “se ejerce sobre niños, colegiales, sobre aquellos a quienes se sujeta a un aparato de producción y se controla a lo largo de toda su existencia” (Foucault, 1992:36).           Este modo de ejercer la docencia -que se nos impone sin incluirnos en una discusión previa al respecto-, nos convierte en meros ejecutores obedientes de disposiciones arbitrarias, en desdén del verdadero rol profesional que es aquel que nos habilita a pensar, analizar, debatir, consensuar, aportar, comprometernos y dar sentido a lo que hacemos en las instituciones educativas. Y este último es el rol que queremos sostener como docentes del Sistema educativo de nuestra provincia.

            La enajenación del rol docente a la que sin embargo se nos expuso, se vio exacerbada  aún más por las condiciones en las que se exigió la carga virtual de los IPEs: el límite en el número de caracteres que debían escribirse en cada campo de conocimiento, lo que implicó una reducción en la narrativa para comunicar claramente los procesos de aprendizaje logrados por los-as alumnos-as en relación a las propuestas de enseñanza, el condicionamiento para no utilizar el espacio de observaciones, la exigencia de que se describieran situaciones de aprendizaje en las áreas de música y educación física en aquellos jardines de infantes que no tienen profesores de esas áreas ya que si esto no se hacía el sistema impedía la finalización de la carga de los Informes, todo esto y otras cuestiones dan cuenta que la carga de datos no responde a las realidades de muchos Jardines de infantes.

Desde el punto de vista laboral nos remitimos a considerar que “La Salud Laboral se construye en un ambiente de trabajo propicio, favorable, con condiciones de trabajo justas, donde los docentes puedan desarrollarse, enseñar y aprender dignamente. Se puede evitar que el trabajo dañe la salud si se adopta una adecuada prevención y es obligación del empleador así hacerlo”.[4]

Numerosas docentes tuvieron que resolver el trabajo solicitado  con grandes dificultades debido a: la falta de acceso a internet en sus domicilios, o a las escasas o nulas herramientas informáticas disponibles, o  debido a la ausencia de capacitación previa para esta tarea, lo que ocasionó de manera permanente la necesidad de apelar al ensayo y al error.

A ello se suma que en muchos de los Jardines de Infantes de la provincia de Córdoba no existe conexión a internet o la misma funciona precariamente; o no se cuenta con  computadoras en condiciones, todo esto condiciona -aún más- las reales posibilidades de cumplimentar con estas tareas asignadas, generándose situaciones de recarga de trabajo, ansiedad y estrés que impactan en la salud laboral de los/ las docentes y en sus condiciones de trabajo.

Desde el punto de vista legal, la carga de los IPEs en espacios virtuales o en una Base de datos del Ministerio de Educación, expone públicamente, por decisión arbitraria de las autoridades, la evaluación realizada por cada docente sobre los procesos de aprendizaje efectuados por sus alumnos y alumnas, vulnerando de esta manera, los derechos a la intimidad de niños y niñas.

Tal como lo expresa La Convención Internacional de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional: “1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques” (art. 16).

            En Argentina, en función de la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se dispone, con el título de “Derecho a la Dignidad”, que: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar” (art. 22).

            Así mismo, la ley 25.326 de protección de datos personales determina que “el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre expreso e informado” (art.5 inc.1)….el titular siempre preserva el derecho al control sobre su información personal y sobre la necesidad que se respete el destino para el cual se otorgaron los datos.” [5]

            En este sentido recordemos que en ningún momento las autoridades que emitieron la orden de cargar los Informes de Progreso Escolar (IPE) a la Base de datos, sugirieron la recomendación de solicitar la autorización correspondiente para hacerlo, a las familias de los-as alumnos y alumnas del Nivel Inicial, así como tampoco se informó cuál sería el destino de esta carga virtual de los Instrumentos de evaluación.

            Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta aquí, volvemos a solicitar la SUSPENSIÓN de la CARGA VIRTUAL de los Informes de Progreso Escolar.

Firman este petitorio las siguientes personas:

Nombre y Apellido D.N.I. Cargo Firma
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Nombre y Apellido D.N.I. Cargo Firma
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

[1] Documento elaborado por docentes de Nivel Inicial de Córdoba (Colectivo educación inicial) con aportes de especialistas en educación de Argentina. Mayo de 2012

[2] ibidem

[3] UEPC  Julio  2012

[4] http://www.uepc.org.ar/principal/salud-laboral

[5] Rodriguez Villafañe Miguel. “Uso inconstitucional de datos de la Anses” 16/08/2016

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